Organizaciones venezolanas radicadas en Estados Unidos entregaron al Congreso estadounidense y al secretario de Estado Marco Rubio un informe en el que advierten sobre el deterioro de las condiciones migratorias para los venezolanos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
El documento, elaborado por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), sostiene que los cambios implementados por la administración estadounidense han reducido las protecciones migratorias disponibles y aumentado la exposición de los venezolanos a detenciones y pérdida de permisos laborales.
Entre las principales medidas señaladas por las organizaciones se encuentra la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que alcanzaba a cerca de 607.000 venezolanos, además de las restricciones aplicadas a los permisos humanitarios conocidos como parole y el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo previsto para octubre, reseñó Efe.
El informe advierte que estas modificaciones tienen efectos acumulativos para quienes esperan una resolución sobre su situación migratoria. La pérdida o vencimiento de un permiso puede afectar simultáneamente el acceso al empleo, el seguro médico y la renovación de licencias de conducir, mientras los procesos migratorios permanecen abiertos.
Las organizaciones también documentaron casos de venezolanos detenidos durante julio y agosto pese a contar con permisos de trabajo vigentes. Uno de los casos correspondía a una persona que además tenía licencia de conducir y proceso de asilo pendiente.
El reporte plantea que las decisiones de custodia deben analizarse individualmente y estar sujetas a mecanismos de revisión. Las organizaciones presentan la misma posición con respecto a la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua.
Aunque el informe reconoce que el Tren de Aragua es “una organización criminal real”, exige que cualquier acusación de pertenencia sea sustentada con pruebas específicas y que no se utilicen como sustitutos de evidencia factores como “la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales”.
Preocupación por deportaciones a terceros países
El documento también aborda los acuerdos entre Estados Unidos y terceros países para recibir a deportados. Entre ellos menciona el convenio con Liberia, que aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos de otros países durante 12 meses.
Las organizaciones sostienen que Liberia ha señalado que entre los deportados habrá principalmente ciudadanos procedentes de América Latina, incluidos venezolanos. El primer vuelo llegó a Monrovia el 20 de agosto con 20 personas, aunque Estados Unidos no informó sus nacionalidades y no se confirmó la presencia de venezolanos.
Veppex y Amavex formularon tres solicitudes principales a las autoridades estadounidenses: publicar cifras desglosadas sobre los venezolanos detenidos, establecer mecanismos que eviten que las demoras administrativas causen la pérdida del empleo y transparentar los acuerdos con las naciones que reciben a expulsados de Estados Unidos.
Las organizaciones sostienen que no existe registro federal público que permita conocer cuántos venezolanos permanecen bajo custodia migratoria.
El informe también señala que la eliminación del TPS para venezolanos, decretada en 2025, continúa siendo objeto de litigio ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Alrededor de 1,2 millones de personas de origen venezolano residían en Estados Unidos en 2024. Más de 40% se encontraba en Florida, estado que concentra una de las mayores comunidades venezolanas del país, de acuerdo con datos del Pew Research Center citados en el reporte.
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